Mi generación alcanzó la mayoría de edad en los combates del Tercer Mundo por expulsar a las dictaduras en favor de las democracias. Uno de nuestros argumentos más poderosos era que promovían la concentración de rentas en las camarillas dictatoriales afines al capital transnacional. Decíamos que la democracia invertiría este proceso de empobrecimiento y desigualdad, en cambio, ahora parece evidente que lo que Samuel Huntington llamó la «tercera ola» de la extensión de la democracia en el sur se produjo simultáneamente con la de políticas de ajuste estructural que creaban desigualdad. Permítanme ilustrar las contradicciones del proceso con la lucha por la reforma de la tierra en las Filipinas.
Asia, Océano Pacífico, 23 diciembre 2012. Suomi NPP Salellite, NASA
Una de las conclusiones del influyente libro Capital in the Twenty-First Century es que en el siglo xx los patrones de desigualdad no se invirtieron a causa de procesos democráticos internos, sino que se derivaron de lo que el autor denomina «sacudidas exógenas» como las guerras mundiales y sus consecuencias domésticas como las revoluciones sociales.
Siendo como soy un activista pro-democracia de larga tradición, los comentarios de Piketty me resultan inquietantes, pues parece afirmar que los regímenes democráticos, que supuestamente intentan promover la igualdad entre ciudadanos, no acaban de funcionar cuando se trata de contener la igualdad económica. Consagran, desde luego, la igualdad formal basada en los principios de una persona–un voto, e institucionalizan el gobierno de la mayoría, pero son inútiles cuando se trata de conseguir mayor igualdad económica. El caso es que mi generación alcanzó la mayoría de edad en los combates del Tercer Mundo por expulsar a las dictaduras en favor de las democracias. Como participante en las luchas anti-dictaduras de los setenta, uno de nuestros argumentos más poderosos contra el autoritarismo era que promovía la concentración de rentas en las camarillas dictatoriales afines al capital transnacional. Decíamos que la democracia invertiría este proceso de empobrecimiento y desigualdad. Desde Brasil hasta Chile y desde Corea del Sur hasta las Filipinas, luchar contra la dictadura era luchar por la elección democrática y una mayor igualdad. En cambio, ahora parece evidente que lo que Samuel Huntington llamó la «tercera ola» de la extensión de la democracia en el sur se produjo simultáneamente con la extensión y consolidación de políticas de ajuste estructural que creaban desigualdad.
Jornadas de protestas sociales en Puente Alto, Santiago de Chile, 1984. Fotografía: Kena Lorenzine
Lyndon B. Jonhson y Ferdinand Marcos durante su visita a la Casa Blanca, Washington DC, 1966. Fotografía: Marion S. Trikosko
Déjenme ilustrar las contradicciones del proceso liberal democrático centrándome en la lucha por la reforma de la tierra en las Filipinas. Al principio, las cosas parecían estar encaminadas en la buena dirección. Con la deposición de la dictadura en 1986 no sólo se creó una democracia constitucional sino que se aprobó una ley de reforma de la tierra de gran alcance, el Programa Íntegro de Reforma Agraria —CARP por sus siglas en inglés—, destinada a conceder el título de propiedad sobre la tierra a millones de campesinos. La redistribución se conseguiría de manera pacífica bajo un gobierno democrático, en contraposición a los programas coercitivos de China, Vietnam y Cuba. Sin embargo, a lo largo de los años siguientes el país evolucionó hacia una democracia liberal clásica o de estilo occidental, en la que las elecciones competitivas se convirtieron en un mecanismo por el que los miembros de la élite luchaban entre ellos por el privilegio de gobernar mientras que como clase consolidaban su dominio sobre el sistema político. Una de las víctimas de esta concentración del poder de clase de los terratenientes fue el programa CARP, ya que gracias a la combinación de coerción, obstruccionismo legal y conversión admisible de suelo de usos agrícolas a usos comerciales e industriales el proceso de reforma agraria se paralizó y veinte años después del inicio del programa menos de la mitad de los 10 millones de hectáreas originales destinadas a ser distribuidas entre los campesinos el año 2008 llegaron a serlo. En efecto, con poco apoyo en términos de servicios sociales, muchos campesinos terminaron por revender sus tierras extraoficialmente a los propietarios, mientras que otros beneficiarios perdieron las tierras que acababan de adquirir a consecuencia de las acciones legales agresivas emprendidas por los terratenientes.
Agricultores de Baloi y solicitantes del CLOA, certificado de propiedad sobre las tierras que llevaban cultivando desde hacía décadas, 2008. Lanao del Norte, Filipinas
Es en esta coyuntura que me reuní con otros parlamentarios para financiar el CARP con la Ley de Reformas o CARPER. Nos costó muchísimo aprobarlo, pero lo conseguimos en agosto de 2009. El factor decisivo fueron las huelgas campesinas, las marchas —incluyendo una marcha de 1400 kilómetros desde la isla sureña de Mindanao hasta el palacio presidencial de Manila—, e incluso los esfuerzos por interrumpir las sesiones congresuales.
CARPER selló muchos de los resquicios del CARP original y repartió 150 billones de pesos filipinos —3 billones de dólares estadounidenses— para apoyar la redistribución de la tierra y los servicios, como los subsidios para semillas y fertilizantes, así como servicios de extensión agrícola. Bajo el programa CARP los servicios de apoyo habían sido muy escasos y, lo que es más importante, CARPER ordenó que la distribución de todo el terreno restante debía llevarse a cabo antes del 30 de junio de 2014.
Agricultoras filipinas se afeitan la cabeza en señal de protesta frente a las puertas Casa de Representantes, 2009. Manila
Mi partido, Akbayan —o Partido de Acción Ciudadana—, se unió a la nueva administración Aquino como socio de coalición tras las elecciones de mayo de 2010, en parte porque nos parecía que la administración subrayaría la necesidad de completar la reforma agraria a través de CARPER. A pesar de nuestro seguimiento y constante empuje, el proceso de adquisición y distribución de tierras procedía a paso de caracol. La resistencia de los propietarios que se aprovechaban de los resquicios en la ley de reforma agraria y otros mecanismos legales, la inercia burocrática por parte del Departamento de Reforma Agraria y la indiferencia de parte del presidente, que pertenecía a una de las familias de terratenientes más importantes del país, se unieron para crear una situación en la que para cuando acabó bajo mandato el período de adquisición y distribución de tierra el 30 de junio de 2014, más de 700.000 hectáreas de tierra seguían sin distribuir, 450.000 de las cuales eran tierras particulares, de hecho las mejores del país. Dado que este núcleo de propiedades de élite había permanecido intacto, y la mayor parte de los terrenos particulares que se habían distribuido no habían estado sujetos a adquisición forzosa, el Secretario de la Reforma Agraria se vio obligado a aceptar en las vistas el año pasado que en los últimos veinticinco años la reforma agraria no se había sometido a su prueba de fuego.
La Hacienda Luisita es una plantación de caña azúcar de 6.453 hectáreas, propiedad de la familia Cojuangco, a la que también pertenece el presidente Simeon Benigno Aquino III
Aunque según el CARP debería haber sido distribuida entre sus 6296 trabajadores, el proceso se vio estancado por una orden emitida por la Corte Suprema de 2006, y los agricultores continúan esperando
Con la terrible ley de cumplimiento del que fui uno de los impulsores, el pasado noviembre intenté por última vez salvarla consiguiendo que el presidente despidiese al Secretario de la Reforma Agraria. Su respuesta: «Si tuviera otra visión del país que la suya, me presentaría a la carrera presidencial en 2016.» Finalmente dimití de la Casa de Representantes hace siete meses porque ya no podía seguir apoyando al presidente, con el que mi partido tiene alianzas, y el fracaso de la reforma agraria fue una de las razones de mi partida.
Ahora bien, aunque que la élite terrateniente dependía de los mecanismos de la democracia liberal para subvertir la reforma agraria, también fue gracias a la democracia liberal que los poderes extranjeros como los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial intentaron modelar nuestra economía siguiendo principios neoliberales. No fue una régimen dictatorial sino un congreso democráticamente elegido el que aprobó la ley de apropiaciones automáticas que permitió que los acreedores extranjeros tuviesen la primera tajada del presupuesto gubernamental. No fue un régimen dictatorial sino un gobierno democráticamente elegido el que redujo nuestros impuestos a menos del cinco por ciento, eliminando así la mayor parte de nuestra capacidad de producción. No fue un régimen dictatorial sino un liderazgo democráticamente elegido el que nos hizo entrar en la Organización Mundial de Comercio y abrió nuestro mercado agrícola a la entrada sin trabas de mercancías extranjeras que han erosionado nuestra seguridad alimentaria. Hoy en día, una política electoral próspera en la que las élites resuelven a golpe de dinero y otros recursos coexiste con una situación en la que el índice de pobreza permanece inalterable al 27,9% desde los primeros noventa. Si bien es verdad que durante los tres últimos años ha mostrado unos índices altos de crecimiento de entre el 5 y el 7,5%, todos los estudios demuestran que la tasa de desigualdad sigue siendo entre las más altas de Asia, subrayando el hecho de que los frutos del crecimiento siguen siendo apropiados por los estratos superiores de la población.
Manifestación frente al DAR, Departamento de Reforma Agraria, 2014. Manila. Fotografía: Astrid Lea Berringer
Coincido en que la experiencia de las Filipinas es muy parecida a la de otros países en vías de desarrollo a lo largo de los últimos treinta años, de manera que irónicamente la democracia liberal por la que luchamos también se ha convertido en el sistema de nuestra subyugación a las élites locales y a los poderes extranjeros. Más incluso que las dictaduras, podríamos concluir que Washington o las democracias tipo Westminster son el sistema natural de gobierno del capitalismo neoliberal, y que en lugar de contener promueven las fuerzas salvajes de la acumulación de capital que conducen a crecientes niveles de desigualdad y pobreza. De hecho, los sistemas democráticos liberales son sistemas ideales para las economías de élite, pues participan en ejercicios electorales periódicos que promueven la ilusión de igualdad, concediéndole así un aura de legitimidad al sistema al tiempo que en la práctica subvierten la igualdad a través de la ley y del funcionamiento del mercado. El viejo término marxista democracia burguesa sigue siendo la mejor descripción de este régimen democrático.
Para invertir el proceso, en mi opinión, no sólo se requiere un programa económico alternativo basado en la justicia, la igualdad y la estabilidad ecológica, sino un régimen democrático nuevo marcado por una mayor participación del pueblo —una democracia más directa— que sustituya al régimen liberal democrático o social-demócrata representativo tan vulnerable a la ocupación extranjera y de las élites.